Vacantes escolares: piden juicio político a 4 miembros de la Corte porteña por “violar la Constitución”

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad revocó la decisión de los tribunales inferiores a favor de una madre que había demandado al Gobierno porteño por no haberle garantizado una vacante en un jardín a su hijo de 2 años. La madre había comenzado la demanda en 2017. El fallo del máximo tribunal fue de cuatro contra uno. Disparó el repudio generalizado de la comunidad educativa y también de la oposición. El primer efecto llegó este mediodía. Se impulsó un pedido de  juicio político a los cuatro miembros del tribunal que votaron en contra de la demanda de la madre. Son los jueces Marcela De Langhe,  Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano.  

La presentación se realizó en una conferencia de prensa frente al edificio de la Legislatura, en la calle Perú al 100. “Este fallo es inédito. Le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en materia de derechos. Además es discriminatorio porque está basado en la mercantilización de la educación que este Gobierno viene sosteniendo. Nos parece un hecho de extrema gravedad. Deja jurisprudencia donde se dicta un fallo a medida del gobierno”, sostuvo la legisladora del Frente de Todos y vicepresidenta de la comisión de Educación, Lorena Pokoik.

“Este fallo es inédito es discriminatorio porque está basado en la mercantilización de la educación que este Gobierno viene sosteniendo”.

Lorena Pokoik, legisladora porteña del Frente de Todos.

La Asociación por la Igualdad y la Justicia (ASIJ) consideró que el pronunciamiento del tribunal se  justificó en la falta de obligatoriedad de la educación inicial. Y que de esta manera “hablita criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias”.  

La Asociación sostuvo que la decisión es violatoria del artículo 24 de la Constitución porteña. Ese artículo dice: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”. Y agrega que es “a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.

La segunda parte del párrafo es la que usó la Corte porteña para fallar en contra de la madre.

En la conferencia de hoy, Pokoik le pidió a sus colegas del radicalismo y del socialismo, aliados de Cambiemos, que revean su postura ante este hecho. “Creemos que es imprescindible iniciar una investigación a fondo sobre el incumplimiento de deberes de los funcionarios que firmaron este fallo. No puede haber jueces que convaliden el desfinanciamiento alegando que no hay dinero para las vacantes y que por eso vayan a la privada. Es un gran disparate. Tres de los cinco integrantes han sido designados por (Horacio) Rodríguez Larreta y por Mauricio Macri. Han sido antes funcionarios de su gobierno y responden directamente a esa fuerza política”.

“El fallo es inconstitucional. Viola el artículo 24 de la Constitución porteña que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida”.

Santiago Roberto, legislador porteño del Frente de Todos.

En la misma línea, el diputado porteño Santiago Roberto, también del FdT, remarcó: “Pedimos el juicio político para 4 de los jueces del Tribunal Superior de la Ciudad. El fallo es inconstitucional. Viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño. Representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes”.