Un juez se pronunció en un sentido opuesto al de la Corte de CABA y ordenó garantizar una vacante

El fallo de la Corte Suprema porteña en el que sostuvo que el Gobierno de la Ciudad no tiene la obligación de garantizar una vacante a un niño de sala de dos años sumó una nueva tensión institucional. Ayer, lunes 28 de diciembre, un nutrido grupo de legisladores de la oposición pidió el juicio político a cuatro de los cinco miembros del Máximo Tribunal. Y hoy un juez de los tribunales inferiores de la Capital se pronunció en un sentido opuesto al de la Corte. Le ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que garantice una vacante para un alumno de jardín de infantes. Es un caso idéntico al de la polémica.     

 “Una decisión contraria al reconocimiento al derecho a la educación del menor transgrediría la obligación de no regresividad, plenamente vigente en el ámbito de la Ciudad. No sólo porque los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Argentino obligan a todos los poderes y jurisdicciones sino también porque expresamente así lo prevé la Constitución de la CABA”. Esto fue lo que sostuvo el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Darío Reynoso.

El planteo había sido realizado por una familia monoparental, una mamá sola con su hijo en edad de asistir al jardín. La madre lo inscribió en el nivel inicial del sistema educativo de la Ciudad pero no obtuvo vacante

El fallo sostiene que “los padres pueden decidir no escolarizar a las niñas y niños antes de los cuatro años, pues no existe obligación de hacerlo. Ahora bien, cuando desean hacerlo, la Ciudad tiene la obligación constitucional de asegurar y prever los recursos para permitir el ejercicio de ese derecho a partir de dicho momento”. Ese derecho, añade, “se materializa garantizando una vacante a quien la solicite”.

El pronunciamiento señala que si no hay vacante en alguna institución estatal, el gobierno debe garantizar los fondos para que el alumno asista a una privada.

El pronunciamiento de la Corte que había disparado la polémica se fundó en uno de los pasajes del artículo 24 de Constitución porteña. Según el tribunal, sólo es obligatoria la garantía de la vacante cuando el niño o niña llegue a la edad en que la educación es obligatoria en la Argentina, es decir, a partir de la sala de cinco. El artículo 24  textualmente sostiene que la responsabilidad del Estado es “a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.

Esa segunda línea, la que inicia con la frase “con carácter obligatorio desde” fue la hendija por la que se coló la interpretación de la Corte.

El fallo de Reynoso claramente hace otra lectura del mismo artículo. Y además reconoce la jerarquía superior en términos jurídicos de los tratados internacionales firmados por el país.

Uno de los legisladores que participó del pedido de juicio político fue Santiago Roberto, del Frente de Todos. “Lo solicitamos para 4 de los jueces del Tribunal Superior de la Ciudad-declaró-. El fallo es inconstitucional. Viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño. Representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes”.