Un juez obligó al Sanatorio Otamendi a administrar dióxido de cloro a un paciente

El juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, dispuso que el sanatorio Otamendi, que pertenece a la empresa de medicina prepaga Medicus, le administre dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones al paciente José García Rúa. La terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente, Dante Convert.

El pedido fue realizado por José María Lorenzo, hijastro del paciente. El juez opinó que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora”. Y ordenó que el Otamendi garantice “la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”. El sanatorio apeló a la medida cautelar. 

El fallo sucede en plena feria judicial y a pesar de que tanto la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) han alertado sobre la peligrosidad del dióxido de cloro.

El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. La Anmat, en agosto del año pasado, advirtió que “no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso” y señaló los altísimos perjuicios que provoca, incluidas lesiones en distintos órganos y edema pulmonar.

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Omar Sued dijo que desde la entidad evalúan qué acciones realizar en repudio a la medida. “Si yo fuera un juez, trataría de buscar información de médicos antes de indicar algo que no conozco”, cuestionó. En esa línea, enfatizó: “El dióxido de cloro no es un tratamiento ni un medicamento y se ha asociado con casos de mortalidad. Es peligroso”. En agosto, un nene de cinco años después de que le dieron la sustancia.

Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor de la SADI manifestó a este medio que la decisión es “una aberración jurídica”. Ante la consulta de si un juez tiene la potestad de recomendar medicamentos no aprobados, explicó: “Es una extralimitación, un caso de desmesura que puede lindar con la mala praxis judicial”.