Denunciarán al Otamendi por no haberle dado antes dióxido de cloro al anciano que falleció

La controversia por el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus escaló a un punto inimaginable. Jorge García Rúa, un hombre de 93 años que estaba internado en el Sanatorio Otamendi infectado con Covid-19, falleció este lunes 11 de enero. El anciano era el centro de una polémica en la que las fronteras de la ciencia y la acción penal se borraron.  

El pasado 7 de enero, el juez subrogante del Juzgado Civil y Comercial Número 7, Javier Pico Terrero, le ordenó al Otamendi darle a Rúa un tratamiento con dióxido de cloro y con ibuprofeno inhalado. El dióxido de cloro no se utiliza en tratamientos contra el Covid. Fue rechazado por la Anmat y por la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi). Incluso se señalaron los efectos tóxicos que tiene sobre el organismo. El juez había fundado su decisión dándole lugar a un pedido de amparo presentado por el hijastro de Rúa, que había solicitado ese tratamiento al Otamendi por prescripción del neorucirujano Dante Converti, médico personal del anciano fallecido.      

El sanatorio se negó a suministrarle al paciente lo ordenado por el juez y apeló la decisión. Sin embargo habilitó al médico personal, Converti, para que le aplicara el dióxido por vía endovenosa. Rúa finalmente falleció.

Lejos de terminar, la controversia sigue. El abogado de la familia de Rúa, Martín Sarubbi, ahora presentó una denuncia contra el sanatorio. Las acusaciones son por homicidio culposo y desobediencia. “Durante esta mañana vamos a radicar una denuncia en el fuero penal para que se investigue la posible comisión del delito de homicidio culposo. Y también por la desobediencia en la que incurrió el Sanatorio Otamendi”, dijo Sarubbi en una entrevista con el canal C5N.

Luego explicó que todo comenzó a fines de diciembre cuando su cliente contrajo coronavirus y fue hospitalizado. “El cuadro era crítico. Era severo. El hombre tenía 93 años. El médico Converti recomendó como método paliativo y humanitario la realización de un tratamiento con ibuprofeno inhalado y dióxido de cloro”, detalló.

El fallo que autorizó esa práctica generó rechazo en la comunidad médica y fue calificado como “mala praxis judicial” por el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio. En declaraciones a la agencia Télam, Maglio consideró un “despropósito que un juez pueda dar una resolución basado en una sola receta. Sin haber pedido una prueba de oficio a otros organismos o a la Sadi”. Y calificó el pedido del profesional de la salud como “una aberración técnica médica”.

Según el abogado Sarubbi, su cliente, que recibió el dióxido por parte de su médico personal, “evolucionó muy favorablemente. Comenzó a saturar normalmente y la expectoración mejoró notablemente”. El abogado sostuvo que “no falleció a causa de Covid sino por una infección intrahospitalaria”.