Denuncian al médico que le recetó dióxido de cloro al anciano que falleció y al juez que ordenó suministrárselo

El conflicto judicial por haberle suministrado dióxido de cloro a un anciano de 93 años que falleció el lunes pasado sigue escalando. Ahora, el médico personal del anciano, Dante Coverti, que había recetado el dióxido, fue denunciado. Lo mismo ocurrió con el juez Javier Pico Terrero, que le había ordenado al Sanatorio que Otamendi, en el que estaba internado el hombre que murió, que suministre el químico prohibido por la Anmat. Además, ayer el abogado de la familia del fallecido había denunciado al Otamendi por no haberle dado antes el dióxido.      

La última parte de la historia comenzó el pasado 7 de enero. Ese día el juez subrogante del Juzgado Civil y Comercial Número 7, Pico Terrero, le ordenó al Otamendi darle a Jorge García Rúa, el hombre de 93 años, un tratamiento con dióxido de cloro y con ibuprofeno inhalado. El dióxido no se utiliza en tratamientos contra el Covid. Fue rechazado por la Anmat y por la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi). Incluso se señalaron los efectos tóxicos que tiene sobre el organismo. El juez había fundado su decisión en un pedido de amparo presentado por el hijastro de Rúa, que había solicitado ese tratamiento al sanatorio por prescripción del neorucirujano Converti, médico personal del anciano fallecido.

El sanatorio se negó a suministrarle al paciente lo ordenado por el juez y apeló la decisión. Sin embargo habilitó al médico personal para que le aplicara el dióxido por vía endovenosa. Rúa finalmente falleció.     

Este miércoles 13 de enero, asociaciones científicas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez Terrero. La demanda fue presentada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Se pidió que “en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones”, según el texto que cita la agencia Télam.

Entre las denunciantes están la Fundación Huésped, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y la Sociedad Argentina de Infectología.     

“Resulta evidente el desempeño apresurado y negligente del magistrado-remarca el escrito-. Más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar, omitió haber consultado a los organismos correspondientes, como el propio Cuerpo Médico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia”.  

Sobre Coverti cayó una imputación en la causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia presentada por el Ministerio de Salud nacional a raíz de la muerte de Rúa. El martes 12 de enero por la noche fue allanado su consultorio. La causa la lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.