Defensora Lorena Lompolio: “El problema de la gente en situación de calle, el Estado siempre lo corre de atrás”

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

“El caso de M visibilizó que mucha gente vive en esa situación, los riesgos que corren. Alguien que vive en la calle no está protegido. No tiene los servicios básicos cubiertos. Es muy difícil armar una historia, una familia, sin tener un lugar al que llamar casa, adonde llegar, comer y cambiarse, un domicilio”, dice a Diario Z Lorena Lampolio, defensora pública en primera instancia, una experta que ha llevado miles de causas por el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los días, al ministerio Público de la Defensa (MPD) concurren familias para exigir al gobierno que cumpla con la ley de garantizar el acceso a un hogar. Desde la creación de la primera defensoría pública, en el año 2000, más de 3 mil causas pasaron por sus oficinas. Hoy hay cinco defensorías más, que llevan causas similares, además de los litigios impulsados por organizaciones sociales. Por eso, el caso de la desaparición de Maia no fue una sorpresa para quienes trabajan estos temas a diario: Lo de M nos golpeó porque no la encontraban, pero situaciones así vemos todos los días. Tengo una familia que vive en un árbol y el nene se va a bañar a la casa del vecino”, cuenta Lampolio. Un golpe al centro del orgullo potente de la porteñidad, una sombra que crece tras cada crisis económica que deja más afuera a los que ya lo estaban.

En estos días, luego de que Maia apareciera con vida, la discusión por las personas en situación de calle en el distrito más rico del país cobró nuevo impulso. No sólo por las insuficientes políticas públicas para abordar una problemática que se profundiza año tras año, sino porque el gobierno todavía no ha cambiado la metodología que utiliza para censar a las personas que viven en las calles. 

Para las organizaciones sociales, el gobierno utiliza un método que no permite dimensionar la totalidad del problema, ya que sólo toma una foto determinada de las personas que efectivamente se encuentran en la calle al momento del censo. Sin embargo, para la propia ley vigente, también las personas que duermen en paradores están en riesgo de situación de calle. Con este debate de fondo, en septiembre de 2019, la entonces diputada Victoria Donda inició un amparo colectivo, con el objeto de “hacer cesar la omisión por parte del gobierno de proteger integralmente a las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo, de acuerdo a lo previsto a la ley 3706 y la 4036, las dos leyes que protegen a este grupo vulnerable”, explica Lampolio.

En octubre de 2019, el Ministerio Público de la Defensa se incorporó a la demanda y, entre otras medidas, le pidieron al juez que ordene un relevamiento de todas las personas en situación de calle, con una metodología acordada entre el gobierno y las organizaciones. Cuando estaban comenzando con las negociaciones, llegó la pandemia. “Entonces nos abocamos a los protocolos determinados para cuidar del Covid-19 a las personas en situación de calle y también a que el gobierno informe cómo los va a vacunar, es decir, cómo van a lograr que saquen turno si no tienen casa, mucho menos computadora”, señala Lampolio.

Desde el comienzo de la demanda, ¿cuál fue la actitud del gobierno de la Ciudad?

Es reticente. No se opusieron a nada. Pero, por ejemplo, para hacer el censo, piden reunirse con el Ministerio Público de la Defensa, las organizaciones que adhirieron a la demanda, como el Observatorio de la Ciudad y el CELS, pero luego dicen que no hay un acuerdo metodológico, ni tampoco ponen fecha.

Que hayan aceptado revisar la metodología del censo, ¿no es un reconocimiento de que el número que ellos publican sobre las personas en situación de calle no es real?

Sí, aceptaron y por eso hay una mesa de trabajo para discutir esa metodología, donde conjuntamente se está buscando cómo hacer ese relevamiento.

¿En qué se basa usted para discutir el número que presenta la Ciudad?

Me baso en dos cosas. Cuando el gobierno aporta el primer censo, las organizaciones hicieron otro, que informa otro número. Para la Ciudad había poco más de mil personas. En cambio, para las organizaciones más de siete mil. En ese relevamiento participó el MPD. También me baso en el hecho de estar llevando demandas individuales de manera permanente, en simultáneo con las otras cinco defensorías. El número no da. Hay que tener en cuenta que para la ley una persona que duerme en un parador del gobierno también está en situación de calle.

Ese es parte del argumento de la Ciudad para explicar la diferencia entre un censo y el otro.

Claro, pero para la ley 3706, un parador es situación de calle. El gobierno no los cuenta de esa manera. Ahí tenemos una dificultad. Para mí, como dice la ley, las personas que están en paradores, están en situación de calle.

De estar en contacto de manera cotidiana con esas realidades, ¿qué es lo que usted ve a diario?

Situaciones terribles. Lo de M nos golpeó porque no la encontraban, pero situaciones así vemos todos los días. Tengo una familia que vive en un árbol y el nene se va a bañar a la casa del vecino. Algo muy similar a lo de M. En la Defensoría recibimos casos de señoras con ocho hijos que no tienen ninguna ayuda, ni económica ni de contención. Es el 80% de las situaciones con las que trabajamos diariamente. Otra tarea que hace la Defensoría está relacionada con las situaciones habitacionales. Muchas veces la gente tiene una casa, digamos, un lugar para estar, pero que no es habitable. Nosotros le reclamamos al gobierno una ayuda para que esas personas conviertan ese lugar en una casa habitable. Recorremos todos los días las villas, por ejemplo, a mí me toca la 21-24, haciendo este tipo de relevamientos.

¿Cómo podría describir ese tipo de situaciones? Más allá de la vivienda, ¿con qué tipo de problemáticas se encuentran?

De todo. Habitualmente llegan a la Defensoría por una cuestión de vivienda. Nos tocan la puerta porque los desalojaron de un hotel o los echaron de la vivienda que alquilaban en una villa. Para variar, viven alquilando en lugares precarios, informales, si no pagan los echan. No tienen forma de defenderse. La gente llega por esa situación habitacional deficiente. A partir de ahí, cuando empezamos a trabajar con la familia, nos encontramos que tienen problemas con las vacantes en la escuela pública, también cuestiones alimentarias -no se está cubriendo, en muchos casos, la dieta necesaria para el crecimiento- y de salud. Muchas veces, entre sus prioridades no está el ir al médico para revisar una hernia, un bulto que le haya salido o una gastritis. Tienen que resolver adónde van a dormir a la noche, qué va a comer. Ir al médico es lo último.

Usted hace 10 años que es defensora y está en contacto con esta realidad, ¿la situación ha mejorado, empeorado o se ha mantenido?

Es una situación sostenida y cada vez que el país pasa por una crisis económica, los más golpeados son ellos. Alguien que vivía en una pieza de hotel, en cuanto hay una crisis, se cae a la calle. Cada crisis los golpea muchísimo más a ellos que a cualquier otro sector de la población. La verdad es que las cosas no mejoran.

¿Qué respuestas da el gobierno de la Ciudad a esta problemática?

El gobierno da respuestas, una vez que presentamos una demanda. Muchas veces, con suerte, llegamos a no hacer el juicio al encontrar una solución administrativa desde el ministerio de Desarrollo Humano.

¿No sería lógico que ni siquiera fuese necesario presentar una demanda para atender a este grupo vulnerable?

Acá está el tema. Es un problema estructural. Siempre se resuelve sobre la emergencia, vamos corriendo desde atrás. Y, al mismo tiempo, no se resuelve el problema estructural que tiene la Ciudad en relación a la vivienda. Para mí no hay política pública para terminar con el déficit habitacional. Las respuestas del gobierno son paliativas. Y es verdad, no deberían llegar ni a la Justicia. Se deberían resolver con políticas públicas que atiendan esta problemática estructural.

Una de las políticas que la Ciudad ofrece como respuesta es el subsidio habitacional, sobre el que hay siempre muchas quejas.

Para variar, siempre está por debajo del valor de mercado. El subsidio va aumentando, pero no por inflación. A mucha gente que lo recibe hoy le alcanza, pero dentro de dos meses, el hotelero le aumenta y ya no lo pueden pagar. Siempre están al borde del desalojo. Es una situación muy precaria e inestable. Se profundiza la vulnerabilidad. Alguien que está con ese tema en la cabeza, no puede ocuparse de su propia salud, por ejemplo.

¿Cuánto se está pagando una pieza en un hotel?

Bueno, depende. Hay hoteles muy deteriorados, algunos están mejor y cobran más. Depende del tamaño de las habitaciones, de las camas, de si tiene baño privado, que es la minoría. Algunos conseguimos por 8 mil, otros por 12 o 15 mil. Para mí se está pagando muy caro en relación al servicio que ofrecen. Muchas veces se llega al planteo de que con ese dinero podrían alquilar un departamento, pero esa familia no tiene garantía. ¿Quién le va a alquilar un departamento? Por eso terminan en hoteles o en alquileres informales en las villas. Como saben que no tienen documentación para alquilar en la formalidad, es un cargo extra que se lo cobran a la pobre persona. El Estado está gastando plata, pero no la está utilizando adecuadamente. No hay una solución estructural.