Exclusivo: de las 400 viviendas nuevas del Rodrigo Bueno, los vecinos dicen que entregaron 90 a familias que no son del barrio

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

Más de 400 familias del barrio Rodrigo Bueno ya fueron relocalizadas en las nuevas viviendas construidas por el gobierno de la Ciudad, tras una larga disputa de 16 años que incluyó intentos de desalojo, denuncias cruzadas, amparos judiciales, un fallo del Tribunal Superior de Justicia a favor de los vecinos y una ley votada en la Legislatura porteña.

El proceso de relocalización avanza incluso a pesar de las denuncias realizadas por delegados del barrio sobre la adjudicación de viviendas a familias que no vivían en la Rodrigo Bueno y del freno de las obras en el resto de la urbanización. “Hay mucho malestar”, dijo Marino Sosa, histórico dirigente de la Rodrigo Bueno.

Días atrás, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat difundió una gacetilla de prensa en la que informaba que ya se construyeron 611 viviendas, de las cuales más de 400 ya están siendo habitadas, al igual que otros seis locales comerciales. “Con mucho esfuerzo y trabajo en conjunto con los vecinos y vecinas del barrio, logramos avanzar con este proceso, para poder tener un barrio cada vez más integrado y más conectado con la ciudad” destacó el presidente del IVC, Gabriel Mraida.

Sobre el punto que genera debate entre los vecinos, el Ministerio de Desarrollo Humano señaló que los “criterios para la adjudicación de estas viviendas son definidos priorizando a las familias afectadas en el marco de las leyes del Proyecto Integral de Reurbanización y consensuados con los vecinos y vecinas a través de las Mesas de Gestión Participativa”.

El mapa del Barrio Rodrigo Bueno, en Puerto Madero.

Hace 21 años que vivo en el barrio y hay familias que jamás vimos y que están viviendo en las nuevas casas”, denunció Luis Espinoza, delegado de la Rodrigo Bueno. Durante el debate por la urbanización, los vecinos consensuaron la realización de un censo para, al momento de llevar a cabo las reubicaciones, asignar cada vivienda a las familias que viven en el barrio. Sin embargo, Espinoza aseguró que entonces hubo “algunos vivos” que censaron a tres y hasta cuatro familias que supuestamente vivían en un mismo lugar. “Como resultado, hay entre 80 y 90 viviendas de las 400 asignadas que se entregaron a personas que no vivían en la Rodrigo Bueno. Esto nos pone muy tristes porque es una lucha que ya lleva muchos años”, dijo. “A mediados del año pasado, cuando empezaron las mudanzas, apareció gente que no vivía acá”, añadió Sosa. “Las avivadas fueron al principio, nos quejamos y ahora parece que se está solucionando. Se están mudando entre seis y 10 familias por mes”, detalló.

Una urbanización degradada, con un plano distinto y menos aperturas de calles

Pablo Vitale, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sumó otras dos problemáticas a la urbanización en curso. La primera tiene que ver con la integración urbana del sector del barrio que los vecinos llaman “casco histórico”. Al momento de planificar las obras, para lograr una mejor distribución, se acordó un criterio que priorizaba la reubicación de aquellas viviendas en zonas inundables, que tenían problemas edilicios y también las que estaban ubicadas sobre el trazado de las calles internas que se abrirían. Como resultado, el cálculo final arrojó que el 60 por ciento de las viviendas tendrían que ser relocalizadas, mientras que al 40 por ciento restante le correspondía una serie de obras de infraestructura para mejorar la habitabilidad.

El 40 por ciento de las viviendas no están en zonas inundables y se planteó urbanizarlas.

“Las últimas intervenciones del gobierno fueron de menor alcance y calidad”, advirtió Vitale. Y agrega: “Eso pone en riesgo la posibilidad de una verdadera integración urbana desde la infraestructura y los servicios. El plano que se había hecho hace dos años es sensiblemente distinto al que presentó el gobierno ahora, con menos apertura de calles y menos esponjamiento (la demolición de construcciones para que ingrese más aire y luz)”.

El segundo debate que incorpora Vitale es de mediano plazo: el riesgo de desplazamiento por acción del mercado. “Es un barrio del cual más de la mitad de sus habitantes se mudan a viviendas nuevas y está pegado a Puerto Madero”, explicó.

Ubicado en un terreno codiciado por los agentes inmobiliarios, el barrio Rodrigo Bueno se formó a la sombra de la explosión constructora en Puerto Madero. Desde allí los vecinos resistieron intentos de desalojos por parte de los gobiernos de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri. Al asumir Horacio Rodríguez Larreta, la causa que tramitaba en la Justicia estaba a punto de resolverse a favor de los vecinos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia porteño ordenó la urbanización del barrio, obligando a la incorporación de los habitantes en la elaboración de los planes.

“De ahí surge la ley, pero nosotros veíamos un riesgo concreto en la Rodrigo Bueno. Es verdad, el Estado no desalojó, pero el mercado puede desplazar comprando. De todas las urbanizaciones, Rodrigo Bueno es el caso más peligroso. Está en el barrio más caro de Buenos Aires, son viviendas nuevas de buena calidad constructiva, en una localización inmejorable”, explicó Vitale. Para el codirector de ACIJ, hubo un hecho clave que motivó sus suspicacias. Durante la discusión de la ley, intentaron incluir un artículo “bastante genérico” que ordenaba al gobierno a tomar medidas para evitar los riesgos de desplazamiento por parte del mercado. El Ejecutivo se negó rotundamente.

Casas de calidad y cuotas accesibles

En general no hay dudas de que la urbanización de la Rodrigo Bueno es de excelente calidad. Todos apuntan a ese momento inicial, en el que los vecinos lograron participar activamente del proceso, con el acompañamiento de arquitectos de renombre como Jaime Sorín y Gustavo Cañaveral, entre otros. “Las viviendas son de primera porque el trabajo se hizo en conjunto entre los vecinos y el IVC. Obviamente hay algún que otro problema, pero nada fuera de lo normal”, dijo Sosa.

Espinoza coincidió en que estructuralmente las viviendas “son de lo mejor”, aunque detalló falencias en las terminaciones. “Hace un año que vivo en mi nueva vivienda y ya tuvimos problemas con las cloacas. El primer día que me bañé, el agua apareció en la cocina. Además, los pisos están desnivelados”, indicó.

En cuanto a las cuotas, el mecanismo acordado con el IVC marca que el crédito no puede superar el 20% del ingreso familiar mensual. Hay familias que pagan desde tres o cuatro mil por mes, como así también más de 10 mil, de acuerdo a su salario.

Además, los vecinos deben afrontar el pago de los servicios formalizados, como agua, luz, gas y cable. “El año pasado, durante la cuarentena, hubo mucha gente con problemas para pagar, pero en general la cuota no representa una dificultad porque no es como un crédito hipotecario común”, aclaró Sosa.