El gobierno porteño subastará el edificio de un jardín de infantes por “innecesario”

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z.

El miércoles 2 de junio, el Gobierno de la Ciudad subastará un inmueble ubicado en la calle Pringles 342. Allí funcionaba el Centro de Desarrollo Infantil, un jardín para niños de 45 días a tres años. La venta está amparada en una ley votada en diciembre de 2010, refrendada y ampliada en diciembre de 2019, que autorizó al Ejecutivo a desprenderse de más de 60 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”.

Diversas organizaciones sociales presentaron dos amparos en la Justicia porteña que fueron rechazados, aunque aún resta resolver la cuestión de fondo. Mientras tanto, convocaron a movilizarse en contra de la venta: “En CABA te venden jardines, con decenas de miles de vacantes necesarias y te dicen que les preocupa la educación pública y que hacen todo lo posible para sostener la presencialidad”, señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).

La venta de bienes públicos es una modalidad ya conocida por los porteños. Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, el PRO-Cambiemos-Juntos por el Cambio acudió en reiteradas ocasiones a este mecanismo de financiamiento, ya sea vendiendo inmuebles y también terrenos públicos. El argumento, en todos los casos, es que el producto de las ventas se destinaría para “obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes”. Sin embargo, según Jonatan Baldiviezo, abogado y referente del ODC, el dinero que ingresa a las arcas porteñas no incrementa el presupuesto destinado para la prestación de estos servicios públicos, sino que “libera recursos estatales para ser destinados a otros gastos para nada prioritarios en el marco de la emergencia ambiental, habitacional, económica y sanitaria que vive la Ciudad”.

Por esta razón, el ODC junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes, presentaron dos amparos judiciales para frenar la aplicación de la ley 3397 votada en 2010, que autorizó -entre otros inmuebles- la venta del jardín, y de la ley 6287, votada en 2019, que casualmente sumó un inmueble ubicado exactamente al lado del ex jardín de infantes, en Pringles 354.

Las organizaciones, frente al revés judicial, proponen que en vez de ser vendidos, ambos edificios se transformen en un “gran jardín de infantes”, destinado a la Comuna 5, donde hay un déficit de 500 vacantes para el nivel inicial. “En momentos que se discute y polemiza si las clases deben ser presenciales, virtuales o bimodales, queda en segundo plano el debate de la falta de jardines públicos en la Ciudad, que ayudaría a resolver entre otros problemas que las madres o padres que trabajan puedan dejar al cuidado de personal docente especializado a los niños de 45 días a 3 años”, señalaron.

Según la tasación del Banco Ciudad, el ex jardín de Infantes será subastado este 2 de junio en 295 mil dólares como precio de base. El inmueble vecino aún no fue tasado y no tiene fecha.

Para Baldiviezo, todas las enajenaciones son cuestionables desde el punto legal y constitucional, pero en especial estas dos. “Durante el tratamiento de este proyecto y en forma previa a esta decisión no se realizó ninguna instancia de participación ciudadana a pesar que el Plan Urbano Ambiental establece que el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad debe ser implementado en marcos participativos”, explicó. “A pesar de que nos rechazaron ambos amparos, vamos a seguir peleando por una sentencia de fondo”, advirtió Baldiviezo.

Diario Z se contactó con el Ministerio de Educación para conocer la postura oficial acerca de esta venta, pero no obtuvo respuesta.