Por ley, Rodríguez Larreta quedó autorizado a comprar vacunas contra el coronavirus

Los diputados porteños sancionaron el jueves una ley que faculta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios -incluso en moneda extranjera- para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”.

La ley, que fue votada por todos los legisladores con excepción de los cuatro del izquierda, es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue analizado y trabajado en las comisiones de Salud y Presupuesto.

La norma, autoriza a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad en los contratos, así como “prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas”.

También permite la inclusión de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de la ley extranjera aplicable.

Se estableció que la adquisición de vacunas debe estar basada en “previo informe fundado de la autoridad sanitaria local” (el Ministerio de Salud) y se habilita al Poder Ejecutivo para “omitir o modificar la exigencia de garantías, fianzas, y/o cauciones, conforme el procedimiento previsto por la ley 2.095 y modificatorias (de compras y contrataciones en el sector público de la Ciudad), en los términos y condiciones establecidos en la ley nacional 27.573 (de vacunas)”.

La documentación y contratos deben ser considerados por la Procuración General y el Ministerio de Hacienda y Finanzas. A su vez, se creó en el ámbito parlamentario la Comisión Especial de Adquisición de Vacunas, integrada por 5 legisladores.

El Poder Ejecutivo deberá informar cada 30 días a la Comisión sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” y los legisladores “adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información”.