Ley de Catastro: exigen que el texto defina qué es un barrio cerrado y los prohíba expresamente

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

La propuesta de modificar la Ley de Catastro, impulsada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, enervó los ánimos de la oposición y de un sector de la ciudadanía porteña. En un intenso debate, legisladores, arquitectos y urbanistas advirtieron que detrás de esta iniciativa se escondía el afán de permitir barrios cerrados y manzanas exclusivas cuando la ley vigente los prohíbe.

Finalmente, a la hora de discutirlo en la Comisión de Planeamiento, Vamos Juntos accedió a modificar el articulado que se refería a los barrios cerrados. Y de esa manera arrancó un dictamen favorable para el texto que sería tratado en el recinto el próximo 8 de julio. El Frente de Todos exigió, sin embargo, que se incluya en la normativa una expresa prohibición de los “conjuntos inmobiliarios”.

El argumento de  Vamos Juntos es que intenta actualizar la Ley 3.999 de Catastro para ponerla en línea con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entre los diversos artículos, hubo uno en especial que despertó preocupación: la inclusión de la figura de “conjuntos inmobiliarios”.

El oficialismo los definía como “aquellos emprendimientos urbanísticos, tales como parques empresariales o náuticos, o cualquier otro, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en el Código Urbanístico”.

A pesar de que en el Código Urbanístico porteño la figura de los barrios privados está expresamente prohibida, el temor de que esta nueva normativa abriera la posibilidad de promover barrios exclusivos y lujosos provocó un fuerte reclamo para que se eliminase ese artículo antes de la firma del dictamen.

Sabor a poco

Sin embargo, el cambio propuesto por Vamos Juntos dejó con sabor a poco a la oposición. “Con esa modificación, el Ejecutivo porteño solo busca aminorar lo que la propuesta original provocó en su fuerza política, en la ciudadanía y en algunos colectivos que trabajan temas urbanísticos”, señaló el legislador del Frente de Todos, Javier Andrade, quien a su vez recordó que “el Código Civil (de la Nación) contempla la figura de ‘conjuntos inmobiliarios’, mientras que el Código Urbanístico de la Ciudad los prohíbe, pero no los define” e insistió en que debe quedar “expresamente limitada esta posibilidad en la Ciudad”.

Para el arquitecto Manuel Ludueña, autor de una iniciativa popular para que Costa Salguero se convierta en un gran espacio público, la modificación introducida por el oficialismo “hace evidente que lo que no se prohíbe, se permite; la única conclusión es que habiendo sacado el texto, nada cambió”.

Según interpretó Ludueña, la ley que seguramente será aprobada en el recinto, “sigue sin tratar adecuadamente el tema de línea de ribera y, sobre los llamados ‘conjuntos inmobiliarios’, sigue en pie lo dicho por el Código Civil de la Nación”. La normativa nacional encomienda a las provincias y a la Ciudad a acoplarse a la ley, aplicando sus mismos criterios.

Desde Vamos Juntos, insistieron en que nunca hubo intención de crear barrios cerrados en la Ciudad. El presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol, señaló que con el quite del artículo en discordia, quedaron prohibidos los “conjuntos inmobiliarios” en la capital. En tanto, para Cecilia Ferrero, del mismo partido, consideró como “no necesario” prohibir expresamente -tal como lo pide el FdT- ya que en el Código Urbanístico estos emprendimientos están prohibidos. 

Sin embargo, Andrade alertó: “El Código Urbanístico dice que quedan prohibidos los barrios cerrados, pero no los define nunca: definámoslo en esta ley y dejemos sentada la prohibición”.