La odisea de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo. El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) presentó un recurso extraordinario en la Corte Suprema de la Nación. El motivo: el Tribunal Superior de la Ciudad consideró “constitucional”, a principios de julio, la ley 5859, sancionada por la Legislatura en 2017. Esa norma determinó que las inmobiliarias no pueden cobrarles comisión a los inquilinos cuando se cierra un contrato de alquiler.
El recorrido es el siguiente. En el año 2007, la Legislatura porteña sancionó la ley 2340. Establecía que las inmobiliarias podían cobrarle a los inquilinos el 4,15% del contrato, cuando se firmaba. Esto equivalía a un mes de alquiler. Hubo presentaciones judiciales de distintas organizaciones contra la norma. Y 10 años después la misma Legislatura la modificó prohibiendo el cobro de esa comisión. A partir de entonces fueron las organizaciones de corredores inmobiliarios los que iniciaron el camino judicial, que ahora escalará hasta la Corte Suprema nacional.
“La ley les prohíbe a los corredores cobrar por su tarea”, le dijo a Diario Z Martín Irigoyen, abogado que representa al CUCICBA y lleva adelante la causa. “Los profesionales hacen su trabajo y sólo perciben honorarios cuando consiguen el contrato”.
“La ley les prohíbe a los corredores inmobiliarios cobrar por su trabajo.”
Martín Irigoyen, abogado del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad.
Irigoyen sostuvo que la norma porteña, avalada por el Tribunal Superior local, “viola la ley nacional que establece que el corredor puede pactar honorarios con ambas partes. Y viola normas constitucionales como el derecho a trabajar”.
Según el abogado, la decisión fue muy grave porque “después de cuatro años se pronunció sobre un amparo colectivo que habían conseguido varias organizaciones de inmobiliarias. Es una Corte que siempre se pronuncia a favor del Gobierno de la Ciudad”.
Irigoyen remató destacando que este fallo genera que “si un inquilino va a hacer una búsqueda, el corredor prefiera no tomarla porque no puede cobrar por esa tarea”.
“Les resulta más fácil imponerle una comisión a los inquilinos que a los propietarios. Quien busca una vivienda está obligado a caer en una inmobiliaria a menos que tenga un conocido.”
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos.
Del lado de los inquilinos la visión es bastante distinta. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, le dijo a este medio: “Incluso cuando la norma determinaba que sólo podían cobrar el equivalente a un mes, las inmobiliarias imponían una comisión que era el doble. Los inquilinos denunciamos esto y la respuesta del CUCICBA fue arancelar la denuncia para desestimular a las personas que informaban el incumplimiento”.
Según Muñoz, el verdadero motivo de esta acción de las inmobiliarias es que “es más difícil imponerles una comisión a los propietarios que a los inquilinos. Quien busca una vivienda está obligado a caer en una inmobiliaria, a menos que tenga un conocido. Un dueño tiene una posición de mucha mayor fortaleza para negociar”.
“Lo que pasaba antes también es los corredores cobraban un porcentaje mensual por la administración del alquiler-remarcó Muñoz-. Y los propietarios ya no quieren pagarlo si les cobran cuando se cierra el contrato”.
La disputa seguirá en la Corte.