Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z.
El oficialismo porteño tiene allanado el camino para aprobar el convenio urbanístico que habilitaría a la empresa IRSA a construir un barrio náutico en la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors. El proyecto inmobiliario llamado Costa Urbana, de 900 mil m2, planea levantar 17 torres de hasta 145 metros ubicadas en 70 hectáreas con vista al Río de la Plata.
Esta semana, el juez Aurelio Ammirato revocó la cautelar firmada por su par Guillermo Scheibler, quien a fines de julio le había exigido al gobierno la presentación de un estudio de impacto ambiental y la celebración de una Audiencia Pública antes de tratar la iniciativa en la Legislatura.
En su fallo, Ammirato reconoce que el Ejecutivo no previó instancias de participación previas a la aprobación del convenio, pero le otorga a la Legislatura la facultad de llamar a la Audiencia Pública, sin especificar el momento en el que debería hacerlo. Habitualmente, para este tipo de proyectos que requieren doble lectura, las audiencias se celebran una vez resuelta la primera votación en el recinto. Este había sido el argumento esgrimido por los legisladores de Vamos Juntos, que acusaron a Scheibler de “intromisión de poderes” y amenazaron con iniciarle un jury de enjuiciamiento.
Ammirato también consideró suficiente la documentación presentada por diversos organismos del gobierno porteño, que aprobaron el impacto ambiental del mega-emprendimiento de IRSA, y ante el pedido de otras instancias de participación ciudadana antes del tratamiento legislativo, interpretó que esto sería “antifuncional e irrazonable”. Scheibler, en cambio, había advertido que según la normativa vigente, para la evaluación de impacto ambiental debe realizarse una audiencia pública para debatir de manera abierta a la comunidad.
Para el autor del amparo que había motivado el freno al convenio, el abogado y referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC), Jonatan Baldiviezo, la “interpretación que hace el juez Ammirato es errónea”. “La normativa dice que la Audiencia Pública debe realizarse antes del tratamiento legislativo. El Plan Urbano Ambiental también dice que debe haber mecanismos de participación previos a la firma del convenio urbanístico, pero el juez interpreta que la instancia de participación debe ser una sola porque si no sería antifuncional e irracional”, lamentó.
El ODC ya presentó una apelación al fallo de Ammirato porque, explicó Baldiviezo a Diario Z, lo que el juez “no advierte es que estamos frente a otro paradigma, una democracia participativa ambiental, en la que la ciudadanía tiene que ir acompañando cada etapa”.
“En conclusión, se tiene que dar participación antes de la firma del convenio, de la primera lectura en el recinto y antes de la segunda. Acá la Legislatura está por votar la primera lectura y no se abrió ninguna instancia de participación”, agregó.
Mientras tanto, según fuentes legislativas, el oficialismo estaría dispuesto a votar el convenio, que además fue modificado para otorgarle más beneficios a la empresa, en la próxima sesión.
Vamos Juntos contra el juez
El bloque oficialista no está dispuesto a dejar pasar el mal trago que Scheibler les provocó en la sesión del jueves 5 de agosto. Ese día, Vamos Juntos tenía en su poder el dictamen listo para votar y aprobar en primera lectura el convenio firmado con IRSA. Hasta último momento, esperaron una resolución de la Cámara de Apelaciones porteña que dejara sin efecto la cautelar.
Sin noticias del frente judicial, jugaron una arriesgada carta: presentaron una moción de privilegio para votar el proyecto, aduciendo una afectación de sus derechos como legisladores. Las mociones de privilegio necesitan dos tercios (40 votos) para habilitarse. Vamos Juntos no consiguió los votos y el texto fue archivado.
A pesar de que ahora el fallo del juez de Ammirato habilita el tratamiento del convenio, el bloque oficialista insiste con votar en el recinto un rechazo a la resolución tomada por Scheibler. Una suerte de lección. El jueves 12, en la reunión de la Junta de Interpretación y Reglamento, la diputada Cristina García puso en consideración la moción de privilegio presentada por el jefe de Vamos Juntos, Diego García Vilas, quien mostró todo su encono hacia el magistrado: “No podemos permitir que se avasalle la independencia del Poder Legislativo. Estamos para representar a los vecinos”.
Cristina García agregó: “Lo que está en juego acá es la República, un juez nos pretende imponer qué podemos discutir y qué no podemos discutir. Entiendo que la Justicia pueda establecer si una norma es inconstitucional pero eso es posterior a la sanción. Se está tratando de intervenir en el procedimiento y es de una gravedad institucional muy grande”.
“El oficialismo transformó una decisión judicial en una discusión política y planteó una cuestión de privilegio, que es una herramienta para los legisladores cuando se sienten afectados”, señaló a Diario Z la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira.
“No estamos de acuerdo porque existen instancias superiores para resolver un fallo que ellos consideraban que no estaba conforme a derecho. De hecho, fue lo que sucedió. La precautelar fue dejada sin efecto y el proyecto está en condiciones de ser votado por la Legislatura”, especificó.
Para Neira, no hay ninguna “afectación a la facultad de legislar”. “Plantean una cuestión meramente declarativa, política y poco conducente para resolver algo que tiene que resolver la justicia. El uso y costumbre de la Legislatura es que las cuestiones judiciales las resuelve la Justicia, no nos expedimos al respecto”, concluyó.