Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z
El gobierno porteño y la empresa IRSA dieron el primer paso para concretar el viejo sueño de construir un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors, en la Costanera Sur.
La Legislatura porteña aprobó en primera lectura el convenio para avanzar en el proyecto llamado Costa Urbana, que ahora deberá ser debatido en Audiencia Pública antes de volver al recinto para su sanción definitiva.
El predio en cuestión lleva largos años de disputa, luego de que la empresa adquiriera este humedal ubicado en terrenos ganados al río en 1997. Sin embargo, pocos advirtieron que allí ya existe un negocio en marcha: un helipuerto habilitado por el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri, en 2008. ¿El dueño? El presidente de la FIAT hasta junio de este año, el empresario Cristiano Rattazzi.
Helipuerto Baires Madero es la empresa que gestiona el hangar emplazado en los terrenos de IRSA. Según consta en los registros del gobierno porteño, Rattazzi le paga un alquiler mensual a “Solares de Santa María”, la sociedad controlada por la compañía de la familia Elsztain que gestiona los terrenos donde se construirá el barrio Costa Urbana.
Desde allí también opera la empresa Modena, de alquiler y venta de helicópteros, como los que usa el SAME entre otras dependencias.
Sin embargo, la habilitación del helipuerto no estuvo exenta de polémica y denuncias de connivencia entre el poder político porteño y el empresario, quien siempre se mostró abiertamente a favor de Macri y que incluso trabajó como fiscal de Cambiemos-Juntos por el Cambio en las últimas elecciones.
En 2008, el principal cuestionamiento se hizo a partir de la cercanía del hangar con la Reserva Ecológica, que está protegida de la invasión de ruidos molestos por encima de ciertos decibeles, como los que generan los helicópteros.
A contramano de vecinos, organizaciones ambientalistas y de la Defensoría del Pueblo, que había pedido que se “caracterice el espacio aéreo de la Reserva Ecológica Costanera Sur como zona restringida para el vuelo de aeronaves”, Macri ordenó que se habilitara el helipuerto de Ratazzi.
La Agencia de Protección Ambiental (APRA), a cargo en ese momento de la ingeniera Graciela Gerola, no tomó en cuenta ninguna de esas opiniones y le extendió un certificado de aptitud ambiental a la empresa que entonces se llamaba Servicios Helicenter SA.
“Lo primero que habría que hacer es estudiar cómo son las actividades del lugar, horarios y frecuencias. Por lo que se ve, es un helipuerto y también ofrece servicios de mantenimiento, que pueden ser potencialmente contaminantes por ruido y por vibraciones. Lo que es claro es que la habilitación te permite para trabajar, pero no para contaminar. De esta manera, si hay sospecha de contaminación o algún reclamo, debería hacerse una investigación al respecto. Si ese estudio de impacto acústico demuestra que hay que un impacto negativo, esto es que el ruido y las vibraciones del lugar trascienden los límites habilitados, entonces deben diseñarse soluciones para mitigar los efectos adversos”, dice a Diario Z Nilda Vechiatti, profesora de la cátedra de Acústica de la Facultad de Ingeniería de la UBA e integrante del observatorio de esa institución que ha realizado mediciones de contaminación sonora en la Ciudad.
Diario Z se contactó con la APRA para conocer si se hicieron controles de las operaciones y del nivel de contaminación sonora. Desde ese organismo aseguraron que no han “recibido denuncias por ruidos molestos en la zona, por este motivo no se han realizado mediciones”. Sin embargo, también informaron que Helipuertos Baires Madero está operando con sus permisos ambientales vencidos: “La última inspección por control ambiental fue antes de la pandemia por COVID19. En la misma se registró falta de documentación actualizada sobre permisos ambientales por lo que se labraron las actas correspondientes”.
Una historia con trasfondo
Para conseguir la habilitación del helipuerto, Ratazzi tuvo que sortear varios obstáculos. Su primer traspié fue en la promoción de su emprendimiento: invitó a una fiesta con fotografías que tomó desde un helicóptero y un plano de la ruta aérea, sin reparar que las había sacado mientras sobrevolaba la Reserva Ecológica, según contó Página12.
Pocos días después, el juez Roberto Gallardo, ante la presentación judicial de un vecino, hizo lugar a un amparo y frenó el proyecto. Allí detectaron que tampoco había presentado un estudio de impacto ambiental.
Dos años después, con Macri ya en el poder, llegó la habilitación de la APRA, que pasó por alto una seria advertencia de la Defensoría del Pueblo, desde donde recordaron que la normativa vigente determina que “la Reserva Ecológica Costanera Sur es considerada como área de sensibilidad acústica de Tipo 1, por lo que los límites máximos de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior están establecidos en 60 decibeles para período diurno y 50 para período nocturno”.
Para sortear esta limitación, la Ciudad restringió a cinco vuelos diarios, a pesar de que las instalaciones estarían capacitadas para operar más de 30. Los servicios del Helipuerto Madero Baires, está claro, no son para cualquiera. Volar en un helicóptero cuesta entre 900 y 3.000 dólares la hora. Pronto, tendrán un público cautivo en las lujosas torres que IRSA planea construir allí.