Desde el martes pasado a la noche, un centenar de familias -en general, mujeres y sus hijos- han tomado un predio ferroviario en Barracas, en la Villa 21 24, detrás de la terminal del colectivo 59. Hace 30 años que el lugar es un terreno baldío y está en litigio entre el gobierno de la Ciudad y el Nacional.
Según denunciaron los ocupantes hoy en una conferencia de prensa, existe una orden de desalojo firmada por el juez Daniel Rafecas, aunque aconseja que sea “de manera pacífica y sin la utilización de la violencia (sic) atento a la presencia de niños”. Sin embargo, alrededor de las 16 numerosos carros de asalto se acercaron a la zona y se ubicaron a la terminal del colectivo 59.
A lo largo de esta semana la Policía Federal bloqueó los ingresos y egresos a la toma, así como la entrada de alimentos, pañales toallas higiénicas, un baño químico, etc. Los vecinos denunciaron que la Policía les dijo que “hagan donde puedan”.
Desde que fueron cercados solo pueden salir escoltados por las fuerzas de seguridad. Los chicos dejaron de ir a la escuela y la policía habría maltratado a un nene que había salido al baño y quería volver con su madre y sus hermanos.
“Nosotros alquilamos piezas en la 21 24. Como el sueldo máximo que tenemos es de 35.000 pesos, no podemos aspirar al Procrear”, dijo un referente en una improvisada conferencia de prensa, encaramados a un muro porque la entrada de los medios a la toma también fue vedada por la Policía Federal y la Prefectura.
Desde ese muro, señalaron a los edificios cercanos del plan de urbanización y afirmaron que, de modo inexplicable, no se entregan aunque ya están terminados.
“Somos trabajadores y trabajadoras, por eso los otros vecinos, que nos conocen, nos apoyan. No queremos que nos regalen los terrenos, queremos pagarlos a un precio accesible a nuestros ingresos”, dijeron.
El sábado, con la llegada de los medios, las restricciones se aflojaron levemente y pudieron entrar pañales y comida, Pero la amenaza de desalojo se repite hora tras hora. “Miren cómo la policía se sacó la identificación, no sabemos quiénes son, se ocultan. Ellos son más ilegales que nosotros“, les dijeron a los periodistas.
La toma tuvo lugar inmediatamente después de que una adolescente, Sofía Luján Caballero, murió atropellada por el tren que atraviesa la villa a no más de un metro de distancia de las casas de los vecinos.
La Junta Vecinal, el Comité de Emergencia y los curas villeros han emitido un comunicado exigiendo que no los desalojen, justicia por Sofia Luján Caballero y un plan de urbanización urgente para la villa 21-24 y Zavaleta.
“Hace pocos días atrás tuvimos que lamentar la muerte de Sofía de 15 años, vecina del barrio victima del paso del tren por el medio de nuestro barrio y de la falta de politicas habitacionales en la Ciudad”.
“Las vecinas y vecinos que viven expuestos al paso del tren deben ser relocalizadas de forma urgente, y que el gobierno de la Ciudad de respuestas integrales ante la emergencia habitacional.
El reclamo sobre la necesidad de vivienda digna y la urbanización de la villa es histórica.
Somos quienes vivimos en el barrio, quienes conocemos las necesidades y quienes tenemos propuestas concretas en relación a las vías del tren y la urbanización.
Por ello de forma urgente debemos ser convocados y convocadas para poner sobre la mesa un plan integral de urbanizacion y una mesa de trabajo para los vecinos y vecinas que ante la necesidad buscaron soluciones. La respuesta del estado no debe ser nunca el desalojo y la violencia.