En la Ciudad de Buenos Aires funcionan 75 Centros de Primera Infancia (CPI) a donde acuden “11.002 niños y niñas entre 45 días y 4 años en situación de vulnerabilidad social” que no encontraron vacantes en la educación inicial.
Los CPI son casi enteramente financiados por el Estado porteño pero gestionados por ong, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica o Evangélica.
De hecho, se ha creado un doble estandar en el acceso a la educación inicial dado que los CPI dependen de Desarrollo Social y no se ajustan a la Ley de Educación. Sus trabajadoras no están incluidas en el Estatuto del Docente sino precarizadas bajo convenio de UTEDYC. El salario es muy inferior al del sistema educativo formal.
En este contexto, la legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que los CPI pasen a la órbita del Ministerio de Educación y garanticen iguales derechos que las escuelas infantiles del nivel inicial. La iniciativa plantea que los lineamientos pedagógicos se adecúen a los de la cartera educativa.
El Proyecto de Ley “Igualdad de derechos y oportunidades para la Primera Infancia”, plantea la transferencia a la cartera que conduce actualmente Soledad Acuña, propone adecuar sus lineamientos pedagógicos al Nivel Inicial, jerarquizar al personal de estos establecimientos y garantizar el acceso universal a la educación de las infancias en la Ciudad.
“En la Ciudad faltan cerca de 25 mil vacantes en educación inicial y los Centros de Primera Infancia han dado respuesta a una parte de esa necesidad, pero con condiciones desiguales. Tanto porque sus trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, tienen un salario muy inferior al del sistema educativo, como por la falta de materiales e infraestructura para niños y niñas”, dijo Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.
El texto del Proyecto de Ley indica que el Ministerio de Educación deberá garantizar la remuneración del personal docente y no docente, la alimentación de los alumnos, recursos didácticos, condiciones edilicias adecuadas, supervisión pedagógica y articulaciones con otras áreas de gestión educativa.
Lleva la firma de los legisladores del Frente de Todos Maru Bielli, Claudio Ferreño, Santiago Roberto, Matías Barroetaveña, Manuel Socias, Ofelia Fernández y Cecilia Segura.