Por Franco Spinetta
Trabajadores del call center GIV S.R.L denunciaron que son “obligados a hacer campaña electoral para María Eugenia Vidal y Diego Santilli” usando datos provistos por la Línea 147 del gobierno de la Ciudad. Para Beatriz Busaniche, experta en protección de datos y referente de la Fundación Vía Libre, esta denuncia fue la confirmación de una maniobra siempre sospechada, pero que hasta ahora no se conocía de primera mano. “Es la primera vez que tenemos algo así, tan concreto, donde se cuenta efectivamente qué es lo que pasa”, dice a Diario Z.
La denuncia penal, que será presentada formalmente esta semana por la ONG Defensoría de Laburantes, también confirmó lo que diversos usuarios de las redes sociales comentaron desde el comienzo de la campaña para las PASO. El delito fue tipificado por la ONG como “violación de la privacidad y el uso indebido de los datos de miles de vecinos” y registra que muchos de los habitantes de la Ciudad que se inscribieron para vacunarse a través de las aplicaciones del gobierno, empezaron a recibir por esas mismas vías invitaciones a eventos políticos de Vidal y Santilli.
GIV S.R.L es una empresa con larga tradición en el gobierno porteño. Gestiona el 147 desde su creación como ventanilla única de los reclamos de los vecinos. Según consignó Tiempo Argentino, en 2019, Rodríguez Larreta le renovó el contrato por 576 millones y le sumó otros 82 millones para ejecución de campañas específicas. También le pagó 900.000 pesos para realizar encuestas online. En marzo de este año, el gobierno amplió la licitación adjudicada en 2019 y la incrementó a 750 millones de pesos. La Defensoría de Laburantes dice, en su denuncia, que de esa línea de atención a los vecinos se extrajo información que luego fue utilizada en la campaña de Juntos por el Cambio.
Busaniche asegura que la utilización de datos personales para las campañas políticas no sólo es ilegal, sino que implica un quiebre en el corazón de la normativa que protege a esta clase de datos: “El Estado es la única autoridad que puede defendernos frente al abuso de los privados. Si a ese call center le dieron los datos públicos del 147, ¿dónde está el Estado para defendernos del abuso? Es doblemente grave. Es justamente el que nos tiene que defender. Si el Estado sanciona leyes, pero es el primero que las incumple…”
Pareciera que se ha perdido el pudor, en un punto.
Esto se suma a la utilización de fondos públicos para promocionar los perfiles de Facebook. Es tremendo. Hablamos de Santilli, Rodríguez Larreta, Perotti… para abarcar a todo el arco político. Es muy impresionante el uso de recursos públicos para las campañas. Han perdido el pudor, si alguna vez lo tuvieron. También me pregunto cuánto mueve la aguja este tipo de cosas.
Lo que llama la atención es la liviandad con la que se cruzan datos privados desde el Estado a las campañas políticas. Datos que se recogen, por ejemplo, en la inscripción para las vacunas.
Definitivamente sacan una ventaja, por más que haya votantes a los que pueda llegar a molestarles. Con esto pueden saber muchas cosas, dónde vivís, cómo votás, quiénes son los integrantes de la familia. Creo, en un punto, que es bastante más rudimentario. Es grave que se use mediante la misma vía para informar el turno de vacunación, llegue información de la campaña de María Eugenia Vidal. Aparte, en este caso esta candidata no tiene ningún cargo, ni siquiera es funcionaria de la Ciudad.
¿Le llamó la atención la denuncia de los trabajadores del call center?
No me llamó la atención el contenido, pero sí la denuncia. Es la primera vez que tenemos una denuncia así tan concreta, de trabajadores que cuentan efectivamente qué es lo que pasa, aunque siempre lo sospechamos. Hay dos problemas serios. Por un lado, no sabemos si es una empresa privada la que recolecta los datos de los ciudadanos o si es el Estado el que usa los datos para la campaña.
Ambas cosas son graves.
Sí, no son excluyentes. Sobre todo es muy grave que un privado tenga acceso a la base de datos de las personas vacunadas. Se trata de datos muy sensibles, de la salud. Y se estarían usando para fines que no tienen nada ver con el objetivo por el cual fueron brindados. Cuando yo me vacuné, me anoté a través de BOTI, el bot de la Ciudad. Yo di por hecho que estaba dialogando con el Estado de la Ciudad. Yo no estoy autorizando que esos datos vayan a una empresa privada. Si esto fue así, hay un mal uso de los datos personales y de los recursos públicos, y una cesión de datos que es ilegal. El Estado no tiene porqué ceder esos datos que están especialmente protegidos.
En este caso, la denuncia es de trabajadores de la empresa que gestiona el 147.
Claro. Y ahí tenemos otro tema, ¿el 147 entonces no es atendido por la Ciudad? Deberían aclarar que lo gestiona un privado, ¿cómo funciona? ¿Es un call center? Esa base de datos no puede ser usada para otra finalidad que no sea para responder a los reclamos de los vecinos. Si te comunicás con el BOTI, das por sentado que estás hablando con la Ciudad, no con una empresa.
Supongamos que esos datos en cuestión los tiene la Ciudad y no una empresa privada, ¿podrían ser usados para la campaña?
Definitivamente no. No pueden ser usados para la campaña. Es una ilegalidad: se incumple el principio de finalidad del dato, el consentimiento informado, el derecho de acceso a la información de ese dato. Es una ilegalidad muy grande, lo mires por donde lo mires. Entiendo que la Defensoría del Pueblo ya hizo una presentación.
La protección de datos personales debería estar más regulada con más énfasis durante las elecciones porque esto favorece a quien tiene esos datos y la capacidad para hacer este tipo de campañas donde se mezcla la gestión con la cuestión electoral
Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre
¿Hay conciencia de las implicancias de este tipo de transgresiones?
Es difícil saberlo. Creo que falta mucha conciencia, lo cual hace que las normativas se vuelvan cada vez más abstractas. Si no hay una autoridad de aplicación que la haga cumplir efectivamente, es un derecho que se pierde.
¿Por qué es importante proteger ese tipo de datos personales?
En primer lugar, en un contexto de elecciones, porque esto inclina la balanza. Esto debería estar regulado con más énfasis durante las elecciones porque esto favorece a quien tiene esos datos y la capacidad para hacer este tipo de campañas donde se mezcla la gestión con la cuestión electoral. Por otro lado, el derecho a la privacidad, en general, es muy importante sobre todo para tomar decisiones como sujeto libre y para prevenir la vigilancia, la mirada de los otros y el impacto que esto tiene en la normalización, la conformación de la personalidad. También en la posibilidad de articular una vida privada en un contexto social, que podamos tener una vida social consciente, donde no se mezclen cosas como, por ejemplo, que tu jefe sepa aspectos de tu vida privada que puedan usarse en tu contra. O cualquier otro tipo de aprietes. El derecho a resguardar la vida íntima y privada está consagrado, es parte del principio de respeto a la libertad. La violencia en línea tiene que ver con el acceso a información que permite llevar a cabo esas agresiones. Estamos sujetos mucho más a la mirada del otro. Los altos niveles de exposición no son inocuos y el uso de los datos personales tienen un impacto para la vida personal y social. Esto se ve muy claramente en las problemáticas de la adolescencia, la violencia contra las mujeres: por vivir expuestos, nos estamos convirtiendo en sujetos mucho más vulnerables.
En general, se cree que ya está perdida la privacidad en el mundo de las redes.
Hay dos cosas que se suelen decir: la privacidad está muerta y si Google tiene todo, ¿por qué el Estado no? Primero, todos tenemos intimidad, no tener intimidad es una pesadilla. Segundo, hay una diferencia, el Estado te puede mandar a allanar, Google todavía no lo puede hacer, aunque tampoco queremos que tenga toda la información. Sin embargo, al Estado le tenemos que dar los datos, a la AFIP, la ANSES, cuando me voy a vacunar, al anotar a nuestros hijos en la escuela. Una cosa es lo que uno puede disponer, otra cosa es el Estado. Además, en definitiva, el Estado es la única autoridad que puede defendernos frente al abuso de los privados. Si a ese call center le dieron los datos públicos del 147, ¿dónde está el Estado para defendernos del abuso? Es doblemente grave. Es justamente el que nos tiene que defender. Si el Estado sanciona leyes, pero es el primero que las incumple…