Otra vez contra Santa Catalina: insisten en hacer una torre pegada a una iglesia de 1745

Por Valeria Azerrat. Télam

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con la constructora Nehuente SRL para que levante una torre de 20 pisos en el microcentro. El predio está calificado como Área de Protección Histórica (APH) porque linda con el monasterio y la iglesia de Santa Catalina, fundados en 1745. El proyecto no es nuevo y rige sobre él una medida judicial que impide este tipo de obras por el riesgo para el patrimonio arqueológico.

El acuerdo urbanístico alcanzado entre la administración porteña y la empresa Nehuente SRL fue presentado el lunes en la Legislatura y hoy será discutido en un plenario de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto.

El convenio contempla a la manzana que integra el Área de Protección Histórica denominada Catedral al Norte, y está delimitada por la avenida Córdoba y las calles Viamonte, San Martín y Reconquista.

Allí, se encuentran la iglesia y el monasterio que datan de la época colonial, declarados Monumento Histórico Nacional en 1942.

La iniciativa plantea que en la otra mitad de la manzana, sobre el estacionamiento privado propiedad de Nehuente, se construya una torres de 20 pisos, que daría a la avenida Córdoba.

La porción restante, que da a Viamonte, se transformaría en un espacio público verde de acceso irrestricto en lo que sería la contraprestación que ofrece el privado al Gobierno porteño por habilitar la edificación.

“Se propone modificar la normativa urbanística vigente en la mencionada parcela, consolidando una tipología de perímetro libre sobre Avenida Córdoba, con la altura del edificio lindero existente”, sostiene el expediente.

En 2011 existió ya un acuerdo con el gobierno porteño para avanzar en la construcción de la torre con oficinas comerciales, un hotel de cinco estrellas, viviendas, locales y tres subsuelos para estacionamiento.

Las organizaciones de defensa del patrimonio rechazaron el emprendimiento y recurrieron a la Justicia para denunciar que ese terreno es “un fabuloso yacimiento arqueológico”. Un recurso de amparo, que tuvo respuesta favorable, fue apelado por Rodríguez Larreta por “inconstitucional”.

El proceso judicial se extendió hasta el 2016 y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que ese año confirmó el amparo y se refirió, en su fallo, a “una desmesura en el celo por los intereses privados y en la postergación del interés en la preservación del patrimonio histórico”.

Desde Basta de Demoler indicaron a Télam que el acuerdo entre el gobierno porteño y el privado “es ilegal” porque “vulnera las sentencias de los Juzgados Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Tribunal Superior de Justicia” y anticiparon que elevarán una denuncia penal a “los diputados firmantes de este convenio urbanístico”.