Avanza la ley que, a cambio de plata, permitirá a grandes constructoras construir torres de más m2 y más altas que lo que permite el Código

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

En un hecho sin precedentes, la Legislatura porteña avanza con dos leyes que autorizan el incumplimiento masivo del Código Urbanístico, votado por el oficialismo en 2018 y recientemente modificado. Se trata de 16 convenios urbanísticos que le permitirán a una serie de grandes constructoras pasar por encima de las normas que rigen para el resto de los habitantes de la Ciudad. A cambio, el Ejecutivo embolsará 36 millones de dólares.

Ambas iniciativas avanzaron hoy en la Comisión de Presupuesto, donde obtuvieron dictamen, el paso previo a su votación en el recinto, donde el bloque de Vamos Juntos tiene amplia mayoría. “Lejos de proyectar una Ciudad inclusiva y sostenible, el GCBA sigue apostando por el desarrollo inmobiliario especulativo”, tuiteó la legisladora del Frente de Todos, Cecilia Segura.

El Ejecutivo envió los proyectos un día después de las PASO. En ambos textos se autoriza a varias empresas privadas (PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales, Marby y Nehuente) a construir más m2 y más altura de la permitida.

Algunas propuestas incluyen torres de hasta 72 metros. Las parcelas se encuentran en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo y Barracas.

Una de las polémicas más fuertes se desató por la intención de construir una torre en un terreno lindero con la iglesia de Santa Catalina, una construcción que data de la época colonial y se encuentra en una zona de alto valor arqueológico. No es la primera vez que el gobierno intenta avanzar sobre ese inmueble. María del Carmen Arias Usandivaras, de la asociación Basta de Demoler, indicó que el convenio “es ilegal y está en contra de un amparo que obtuvimos en el 2013 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2016” que frenó la construcción de la torre.

Ana-Ana legalizado: los privados planifican la Ciudad

El blanqueo masivo que el gobierno pretende que la Legislatura convalide no tiene antecedentes directos, sobre todo por su magnitud. A lo largo de los años, el Ejecutivo impulsó cambios de zonificación -a través de largas discusiones legislativas- para permitir la construcción de torres en terrenos vacantes, pero evitó recurrir a la figura de los convenios urbanísticos. 

Gabriela Muzio, arquitecta, especialista en normativa urbanística y asesora en Planificación Urbana, explicó a Diario Z que los “convenios son una herramienta de gestión del Estado para que, dentro de acciones de eminente y predominante interés público y bien común, pueda resolver situaciones imprevistas, como reconfiguraciones parcelarias, intercambio de lotes o porciones de ellos”. “Sin embargo -aclaró Muzio-, acá vemos que se invierte la carga y son los privados los que planifican la Ciudad. Es el mercado inmobiliario el que, a su aires, propone y concreta su interés”.

Magdalena Eggers, integrante del Colectivo de Arquitectas, y especialista en normativa de la Ciudad, aseguró que este tipo de proyectos sólo persigue un objeto “recaudatorio”. “Los Convenios Urbanísticos, también mencionados en el Plan Urbano y que figuraban con información detallada en el Código de Planeamiento Urbano, fueron resumidos a un trámite en este Código (votado en 2018), en el que cualquiera puede transgredir las normas si la Ciudad ‘considera’ que es un beneficio”, agregó.

De alguna forma, lo que explican ambas arquitectas es que el gobierno está transformando la excepción en regla, la transgresión en ley. “Es una auténtica subasta masiva de metros cuadrados construibles, a través de la ‘venta de norma’ tergiversan esta herramienta para hacer normas a medida”, apuntó Muzio.

“No hay plan y mucho menos participación de los y las vecinas en las decisiones que se toman y que afectarán al patrimonio construido y la identidad barrial”, añadió. “Es una herramienta interesante cuando se plantean alternativas para el tejido urbano que favorecen a la Ciudad”, advirtió Eggers. Sin embargo, aclaró, “acá se están planteando como negocios inmobiliarios: otorgan más FOT (Factor de Ocupación del Terreno), más capacidad constructiva a cambio de plata. No se ve a la Ciudad como un todo, con sus necesidades”, cerró.