El oficialismo aprobó en primera instancia los convenios urbanísticos entre Larreta y las constructoras

La Legislatura porteña dio este jueves una primera sanción, con 33 votos del bloque oficialista y aliados, a un paquete de convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras para levantar once nuevas torres en distintos barrios.

Los acuerdos obtuvieron 18 votos negativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, y cinco abstenciones de la Coalición Cívica, durante la sesión ordinaria del Parlamento porteño.

No obstante, para la aprobación final, se debe convocar a una audiencia pública donde la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema y un nuevo debate en el recinto. Son las normas denominadas “de doble lectura”.

El temario de la sesión tenía previsto el tratamiento de 16 convenios para 16 nuevos edificios, uno de los cuales era una torre de 23 pisos en un área de Protección Histórica, lindero a la Iglesia y el monasterio de Santa Catalina.

No obstante, cinco expedientes, incluido el del área protegida, fueron retirados del listado original ante la falta de acuerdo dentro del interbloque de Juntos por el Cambio.

Los convenios urbanísticos plantean la autorización construir torres de mayor altura de las permitidas. A cambio, las constructoras entregarían alrededor de 36 millones de dólares al Estado porteño.

Según informaron funcionarios del área de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una reunión con los legisladores realizada el 15 de septiembre último, el “36% de esas parcelas son actualmente terrenos baldíos o estacionamientos”.

En la mayoría de estos convenios, y a cambio de ampliar la capacidad constructiva de los terrenos, el Gobierno de la Ciudad exige a las empresas que una parte de la parcela permanezca como “suelo absorbente” o, en su defecto, que tenga un “techo verde”

Para el legislador del Frente de Todos (FDT) Matías Barroetaveña, “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria, alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”.

“Luego de vender más de 500 hectáreas de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor”.

Por su parte, el diputado del FDT Javier Andrade sostuvo que el espacio opositor que integra “no está en contra de los convenios urbanísticos”, pero advirtió que “es una herramienta que están usando para vender constructividad en carácter de excepción e incumplir así las normativas vigentes”.

“Esto significa que el Gobierno de la Ciudad le da la posibilidad a los privados de presentar su propuesta para ampliar entre un 100% a un 200% la capacidad constructiva de cada lote a cambio de dinero“, advirtió y agregó que “el monto que recaudaría el gobierno es insignificante pero el daño para la ciudadanía es enorme”.