La Legislatura votó una reforma judicial que podría beneficiar a Macri en la causa del Correo Argentino

El oficialismo porteño avanzó con una ley que es apuntada por la oposición como una “intromisión” en el Poder Judicial. Se trata de una modificación a la legislación vigente que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local.

Escudados en la búsqueda de “garantizar la autonomía de la Ciudad”, el bloque de Vamos Juntos y sus aliados consiguió 38 votos a favor de una iniciativa que incluso fue rechazada “enfáticamente” por la Asociación de Magistrados, que además la calificó como “otro avasallamiento pretendiendo vulnerar las competencias de nuestra Constitución Nacional“. Para los legisladores de la oposición porteña, el único objetivo es “favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino”, según dijo a Diario Z la diputada del Frente de Todos, Claudia Neira.

En lo formal, el proyecto que llegó al recinto se titula “modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales”, y autoriza las modalidad mixta, presencial y virtual para estos trámites. Sin embargo, según relató a este medio Neira, el oficialismo introdujo de sorpresa y “por la ventana” una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el TSJ, que lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

Al respecto, la diputada María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos), autora del proyecto de ley, dijo durante la sesión que se buscó “consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil”. Estevarena agregó que su bloque incorporó al texto “dos artículos tendientes a garantizar la autonomía de la Ciudad y avanzar en la necesidad de traspasar la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad“.

“Esto lo único que genera es un conflicto entre jurisdicciones que no tiene solución hasta que esto no tenga un fallo de la Corte Suprema”, explicó Neira. En concreto, si el TSJ hoy revoca un fallo de la Cámara Nacional y lo reenvía, la Cámara Nacional puede aducir que el máximo tribunal porteño no tiene potestad sobre sus decisiones. “Con lo cual no hay consecuencias prácticas y la causa sigue igual, como ocurrió con el Correo”, detalló Neira. “Incluso el Procurador Ricardo Casal, a quien no pueden acusar de kirchnerista, dijo que el TSJ no tiene competencia… es un gran gesto de los diputados del oficialismo a Macri, le están dando una herramienta para dilatar la causa del Correo Argentino y darle tiempo a la familia del ex presidente”, agregó.

La discusión que el Ejecutivo introdujo de manera “subrepticia”, como lo calificó el diputado Pablo Almeida (Frente de Izquierda), intenta subsanar una larga discusión en la política porteña acerca del traspaso de competencias de la Justicia Nacional al fuero local. Al respecto, la legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos) dijo que ese debate “no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional“. “Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos”, dijo.

El TSJ tiene cinco integrantes, y tres de ellos están vinculados al expresidente: Inés Weinberg de Roca fue propuesta por Macri para ocupar la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi fue funcionario en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos; y Marcela de Langhe se desempeñó en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

A favor del proyecto, Martín Ocampo, del bloque UCR-Evolución, aliado de Vamos Juntos, dijo que la Constitución Nacional establece que “las provincias pueden legislar en materia procesal“, y consideró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “es una provincia más”. Ocampo también consideró que, por el “principio de igualdad ante la ley”, quienes viven y trabajan en la Ciudad deben tener “la posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que las personas de otras provincias, que pueden ir primero a los juzgados locales, después a las cámaras de apelación y, finalmente, a la corte federal”.