Marcha de la Gorra: miles de jóvenes contra los abusos policiales y el gatillo fácil

Una multitud de jóvenes de organizaciones sociales y políticas reclamó hoy frente al Congreso Nacional contra “los crímenes policiales” como cierre de la “Marcha de la Gorra”.

La marcha ocupó la traza de la Avenida de Mayo desde el Obelisco hasta Congreso, en un contexto de conmoción por el asesinato del adolescente Lucas González por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“El Gobierno de la Ciudad, como la justicia de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires reivindican la mano dura, preparan a sus policías para estigmatizar a la clase trabajadora aplicando la doctrina (Patricia) Bullrich, primero disparar y luego preguntar, como sucedió hace unos días en Barracas, asesinando a Lucas González, también deteniendo arbitrariamente a los pibes por portación de rostro en los barrios, reprimiendo en las canchas, como hace unas semanas en la cancha de Huracán y de Nueva Chicago”, fue parte del documento leído en Plaza Congreso.

La actividad contra la violencia institucional y el gatillo fácil comenzó este mediodía con una concentración en el centro porteño, que reunió a manifestantes de la Corriente Clasista Combativa, Juventud Peronista, Frente de Izquierda, UTEP, Patria Grande, JP Evita, Pibes de Pie, Los Irrompibles, Unidos y Organizados y La Cámpora, entre otros.

Algo más tarde, frente al Congreso, se sumó un grupo de manifestantes contra la criminalización del pueblo mapuche, que el domingo último sufrió un ataque y el asesinato del joven Elías Garay, en Cuesta del Ternero, El Bolsón.

Con pancartas y consignas como “Justicia x Lucas” y “Basta de Genocidio, la policía es responsable”, las columnas avanzaron en un recorrido que permaneció toda la tarde restringido al tránsito y, al llegar a Plaza Congreso, las organizaciones leyeron un documento común titulado “Violencia institucional, nunca más. Seguridad es trabajo y educación”.

“Los medios de comunicación dominantes, bancados por el macrismo, levantan un discurso de odio e intentan instalar que nosotros somos el problema de inseguridad. Cualquier hecho de violencia es usada para pedir mano dura, cárcel para les pibes, palos y balas. Pero quienes padecemos esa violencia sabemos que esa no es la salida, que las fuerzas de seguridad no te cuidan, que sólo garantizan el manejo de los negocios de la droga, los robos y la trata”, denunciaron en uno de los párrafos.

“La seguridad de la que hablan, que aclama más policías o gendarmes en los barrios, es la que nos mata un pibe cada 20 horas”, advirtieron y mencionaron casos de “violencia policial” de todo el país que tuvieron como víctimas a Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lautaro Rosé, Facundo Scalzo, Richard Gómez, Alejandro Arenas, Franco Cardozo y Magalí Morales.

Una enorme bandera negra con la leyenda de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) flameaba entre las organizaciones, al igual que una gigantografía con la imagen del rostro de Maldonado, el artesano hallado muerto luego de haber estado desaparecido durante 78 días tras una represión de Gendarmería Nacional en Chubut en el 2017, y varias fotografías de Astudillo Castro, el joven desaparecido en abril del 2020 de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, cuyos restos fueron hallados casi cuatro meses después.

El texto leído en Plaza Congreso también expresó el rechazo de las organizaciones al pago de la deuda al FMI, denunció la “situación de tortura y malos tratos sistemáticos en las cárceles del país” y advirtió que “la vida en los barrios se vuelve todavía más precaria” y “los conflictos por derechos básicos son inevitables”.

“Por eso es tan necesario que el proyecto de ley de abordaje contra la violencia institucional que se presentó en el Congreso sea ley, generar herramientas integrales para prevenir y erradicar causas de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicio penitenciario en todo el territorio nacional”, expresaron.

Entre otras medidas pidieron también “dar cumplimiento al fallo Bulacio (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad internacional de Argentina por la detención arbitraria y posterior muerte del joven Walter David Bulacio), que la Policía deje de detener arbitrariamente; que se prohíba el uso de armas reglamentarias fuera del horario de servicio; que haya condenas a los responsables de gatillo fácil; que el Estado no defienda a los asesinos y en cambio brinde asistencia a las familias de las víctimas”.

“Nosotros, la gran mayoría de las pibas y pibes, no nos resignamos a vivir así, por eso estamos acá, luchando por nuestros derechos; necesitamos políticas públicas que den respuesta real a nuestras necesidades de tener una vivienda digna, que se nos garantice la salud y la educación, que se respete nuestra libertad de elegir quiénes queremos ser y no sufrir la violencia y la persecución”, fue otra de las declaraciones.