Declaran inconstitucional la ley que permite que el Tribunal Superior porteño revise sentencias nacionales

La intención de Horacio Rodríguez Larreta de poner al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad -algo así como una corte suprema porteña- por encima de la justicia nacional recibió su primer rechazo. La Cámara Civil porteña declaró inconstitucional la Ley 6.452, que la Legislatura había aprobado hace casi dos meses. El pronunciamiento fue ante una demanda particular, pero sienta un precedente.

El fallo sostiene que “pese al status constitucional que adquirió la Ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, la Legislatura local, con la reforma del artículo 26 de la ley 402 de la CABA, se ha extralimitado en sus funciones”. Y remarca: “Nos encontramos ante un caso en que la inconstitucionalidad de la norma es palmaria y de una gravedad significativa”.

En sus fundamentos, el pronunciamiento sostiene que “con la modificación dispuesta por la ley local 6452/2021, la Legislatura”, dispuso que “el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad” define sobre las “sentencias definitivas de los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal”. “Ello constituye un instituto local novedoso e imposible de asimilar a los establecidos en el ámbito nacional”.

Para comprender este conflicto hay que repasar las potestades de los tres poderes judiciales que funcionan en Capital. Está la justicia federal. Es la que tiene su sede en Comodoro Py 2002. Lleva adelante las causas de delitos federales que se cometen en la Ciudad. Lo mismo ocurre con los juzgados federales en las otras provincias. Estos crímenes son: narcotráfico, lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada, entre otros.

“La Legislatura de la Ciudad carece de atribuciones para sancionar una ley de esta naturaleza. Por eso es i nconstitucional”.

Raúl Gustavo Ferreyra, abogado constitucionalista.

Luego está la denominada justicia nacional. Son tribunales heredados de la época en que la Ciudad no era autónoma. Se ocupan de los delitos que en las provincias tramitan en los juzgados provinciales. Por ejemplo: robos, asesinatos comunes, controversias comerciales y laborales. Siguen dependiendo del Estado Nacional.

En tercer lugar está la justicia porteña. Atiende las contravenciones y tiene un fuero contencioso administrativo. Revisa que las decisiones del Ejecutivo porteño y la Legislatura respeten la Constitución local. Los amparos por falta de vacantes en las escuelas o construcción de megatorres se tramitan en este fuero.

La Justicia Nacional de Capital Federal fue la que declaró la quiebra de la empresa Correo Argentino de la familia Macri.

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se volvió autónoma quedó pendiente el traspaso de la justicia nacional.

¿Por qué la oposición sostiene que la reforma que intenta la Legislatura es para  favorecer al expresidente Mauricio Macri en la Causa Correo?

Una de las causas del Correo Argentino tramita en la justicia nacional, en el juzgado de la jueza Marta Cirulli. La magistrada se ocupó  de un delito comercial. Determinó la quiebra de la empresa, que tiene sede en la Ciudad. Si el Tribunal Superior local fuese la última instancia, revisaría el fallo de Cirrulli.

El Congreso Nacional, el único camino

El abogado constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra fue miembro del consejo consultivo que asesoró al presidente, Alberto Fernández, sobre la reforma judicial. Ferreyra le dijo a Diario Z: “El único camino es la discusión en el Congreso Nacional. Una ley del Congreso es la emanación máxima y más poderosa en todo el orden jurídico de la Argentina, luego de la Constitución”.

El abogado, en sintonía con el fallo de la Cámara Civil, destacó que la “Legislatura de la Ciudad carece de atribuciones para sancionar una ley de esta naturaleza. Por eso es que es inconstitucional. Ha legislado sobre una materia federal reservada al Congreso. La sentencia, al declarar la inconstitucionalidad, coloca las cosas nuevamente en su lugar. La discusión en el Congreso debería hacerse prontamente. Sería muy beneficioso que se produzca”.

“Mientras tanto -remarcó Ferreyra-, la Ley de la Ciudad solamente genera confusión en los pleitos y seguramente proseguirán más declaraciones de inconstitucionalidad hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.”