Música para constructoras: blanqueo de obras irregulares, venta de tierras públicas en Costanera Sur y convenios para autorizar torres donde están prohibidas

Por Franco Spinetta. Diario Z

Luego del período electoral que puso en stand by a varios proyectos, el Ejecutivo porteño retomó la agenda legislativa con impulso arrollador. En un movimiento que provoca sonrisas en el mercado inmobiliario, este viernes la Legislatura porteña tratará en la Comisión de Planeamiento Urbano la autorización para vender Costa Salguero, el permiso para que IRSA construya en barrio de lujo en Costanera Sur, la aprobación de 11 convenios urbanísticos para habilitar torres en diversos barrios y un blanqueo masivo de obras irregulares.

El reintento de aprobar la venta de Costa Salguero está acompañado por el permiso para la construcción de edificios privados de hasta 10 pisos. El proyecto fue ampliamente rechazado en una histórica audiencia pública, que contó con más de 8 mil inscriptos, donde el 98% se pronunció en contra. Además, todavía está pendiente una resolución del Tribunal Superior de Justicia, que debe expedirse sobre la viabilidad ambiental del emprendimiento.

En el caso de Costanera Sur, la constructora IRSA contempla la edificación de 17 torres de hasta 45 pisos y más de 100 metros de altura. La iniciativa también fue criticada por el impacto ambiental, debido a su cercanía con la Reserva Ecológica, y por abonar a la especulación inmobiliaria con la construcción de departamentos que, según se calcula, rondarán los 10 mil dólares el m2.

Audiencia sobre IRSA en la Costanera Sur: de los 835 oradores, 821 rechazaron el proyecto

En cuanto al llamado “régimen especial de regularización de construcciones y obras”, se trata de una norma que legalizará obras cuya superficie construida excede el Código en hasta 5.000 m2. Esto significa que megatorres o grandes obras podrán ser llevadas a cabo en absoluta contravención al Código de Edificación y Código Urbanístico, que rigen la construcción en el ejido urbano. Para el legislador Javier Andrade, vicepresidente del bloque del Frente de Todos, un “blanqueo de obras irregulares que beneficia a privados” y “no dará buenos resultados para la ciudad”.

En paralelo, el gobierno planea avanzar con la autorización para que se construyan torres en distintos puntos de la Ciudad, donde hoy la normativa lo prohíbe. El paquete de los 11 convenios urbanísticos ya cuenta con una primera aprobación de la Legislatura y el objetivo del oficialismo es conseguir su aprobación antes del recambio legislativo, el 10 de diciembre. A cambio de flexibilizar la norma, el gobierno embolsará 30 millones de dólares, gracias a un mecanismo que es cuestionado por las organizaciones vecinales.

Uno por uno, los 11 convenios urbanísticos que el gobierno porteño busca aprobar para construir más torres

Maria Bielli, legisladora porteña del Frente de Todos, explicó en diálogo con AM750 que los convenios “son acuerdos entre el jefe de Gobierno y un privado para eximir al privado de cumplir la norma”. En el mismo sentido, consideró que “son acuerdos por dinero que después no van a mejorar la vida de la clase media y los que menos tienen” sino que “son negocios perfectos en los que sólo ganan los desarrolladores inmobiliarios“.

Ambos legisladores cuestionaron la decisión del Ejecutivo de avanzar con los proyectos a pesar del rechazo registrado en las audiencias públicas y de las 50 mil firmas obtenidas para apoyar una iniciativa popular para que Costa Salguero sea un parque público.

Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, calificó a la avanzada en la Legislatura como “una nueva Navidad inmobiliaria“. Baldiviezo remarcó que, además de la oposición a los planes para Costa Salguero y Costanera sur, durante la audiencia pública en la que se debatieron los convenios urbanísticos el “100% de las personas que hablaron rechazaron esta política de someter la planificación a mero interés inmobiliario y a la especulación“.

“La democracia representativa está totalmente desvirtuada y distorsionada en la Ciudad. El jueves 2 de diciembre se van a votar todos estos proyectos más un proyecto que legalizará los edificios ilegales. Será la sesión más trágica para la Ciudad en los últimos años“, concluyó.

Por otra parte, desde la Red de Organizaciones Barriales convocaron a una movilización hasta las puertas de la Legislatura para este viernes 26 a las 10 para “frenar el avance de los negociados inmobiliarios”. La convocatoria se realizará en simultáneo a la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano, donde el oficialismo prevé darle dictamen a todos los proyectos en danza.