Venta de tierra fiscal, torres y barrios de lujo, la política urbana de Rodríguez Larreta

Por Franco Spinetta. Diario Z

Fue una sesión legislativa histórica, aunque las acepciones del término permiten una doble lectura. Para el gobierno porteño, se trató de una jornada muy fructífera: después de cinco intentos fallidos logró aprobar un convenio con IRSA para urbanizar un predio de 73 hectáreas en Costanera Sur, avanzó con la rezonificación de Costa Salguero para construir un nuevo barrio, consiguió nueve convenios para autorizar torres a cambio de 30 millones de dólares y un blanqueo que beneficia a grandes constructoras.

Para la oposición y las organizaciones vecinales, fue todo lo contrario: la consumación de un proceso de entrega al mercado de la planificación urbana, a la sombra del crecimiento del déficit habitacional, el descontrol de los alquileres y una desigualdad lacerante entre el norte y el sur de la Ciudad.

“Los créditos hipotecarios están pulverizados, los alquileres son cada vez más inaccesibles para un momento de salarios bajos y el grueso de las nuevas construcciones son oficinas o viviendas de lujo. Entonces, hay algo que no está funcionando en relación a la orientación que el gobierno porteño le quiere imprimir al desarrollo urbano de la Ciudad”, dice Federico Poore, periodista y magíster en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella.

Qué modelo plantea el Ejecutivo comandado por Horacio Rodríguez Larreta, hacia dónde está yendo Buenos Aires  y qué tipo de ciudad se proyecta son algunas de las preguntas que, al calor del debate y la urgencia legislativa, quedan debajo de un gran cambio morfológico al que apuntan las iniciativas aprobadas por el bloque de Vamos Juntos y aliados.

Para la escritora Gabriela Massuh, autora de El robo de Buenos Aires, donde describe la “trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes”, la sesión del jueves 2 de diciembre fue la “más infame en los últimos 30 años”. Massuh asegura a Diario Z que “no hay un proyecto de ciudad detrás, sino un proyecto de hacer caja”. “Son convenios para financiar la campaña de Rodríguez Larreta”, dispara. “No tuvieron la más mínima concesión al pedido de la ciudadanía, que se expresó en las audiencias públicas. ¿Así gobernaría el país?”.

“El gobierno de Larreta tiene algunas ideas en mente para el desarrollo urbano”, disiente Poore. Un desarrollo que debe buscarse entre “palabras clave”, como mixtura de usos, densificación, cooperación público-privada y la institucionalización de los convenios urbanísticos, una figura a la que el Ejecutivo apeló para resolver lo que consideran un límite del Código Urbanístico.

“No hay nada malo en la mixtura de usos y en la densificación, pero el mayor defecto es cómo se concibe la cooperación público-privada y los convenios”, señala Poore. Y agrega: “El gobierno porteño se limita a acompañar a lo que el privado quiere desarrollar y, en todo caso, se acomodan para recaudar algo más de impuestos o que parte de ese desarrollo incluya un espacio verde público. La pregunta clave es: ¿quién conduce este proceso?”.

El debate sobre el desarrollo urbano estuvo atravesado también por la falta de espacios verdes en la Ciudad, que en algunos barrios llega a niveles realmente críticos. Esto llevó a muchas organizaciones vecinales a plantear la necesidad de convertir los predios vacantes en grandes parques públicos, como por ejemplo en Costa Salguero.

“El gobierno porteño quiere vender que estos proyectos son mejores que lo que hay”, advierte Fernando Bercovich, sociólogo especialista en temáticas urbanas. “El problema es que lo que hay es responsabilidad de ellos, como por ejemplo Costa Salguero, que es una concesión que sostuvieron durante mucho tiempo y que tuvo a Carmen Polledo (integrante del oficialismo porteño) como una de las beneficiarias”.

Bercovich habla de una suerte de “extorsión”. “En el caso de Costa Salguero hay que remarcar que son tierras públicas y que podrían haber revocado la concesión para hacer lo que quisieran: un parque, un centro cultural, escuelas, un centro de salud, vivienda accesible. Pero bueno, decidieron aprobar este proyecto que bloquea el acceso directo al río y promueve la construcción de viviendas de lujo”, dice.

En el caso de Costa Urbana, si bien las tierras no son de la Ciudad, se permitió que durante todo este tiempo se mantuviera ese gran lote como un baldío a la espera de que se aprobara el proyecto de la constructora IRSA. “En vez de penalizar ese no uso, como lo hacen muchas ciudades del mundo mediante impuestos más gravosos por baldío, y de negociar con IRSA para reutilizar ese predio (por ejemplo, aclarándoles que nunca se aprobaría su iniciativa), hicieron todo lo posible para aprobárselos”, indica Bercovich. “Y otra vez: viviendas de lujo, 40 pisos, nada relacionado con lo que necesita la Ciudad”.

La inclusión, tanto en Costa Salguero como en Costanera Sur, de amarras y helipuertos, hace suponer que esas viviendas están destinadas a “convertirse en reservas de valor para quienes no poseen problemas de acceso a la vivienda”, apunta Poore. “Esto no estaría mal si hubiera otro nivel de desarrollo, el problema es que Buenos Aires tiene un grave déficit de vivienda, no sólo para los sectores populares sino también para la clase media… las soluciones habitacionales planteadas no responden a las necesidades de uso”, añade.

Es decir, en una ciudad con graves problemas de acceso a la vivienda para los sectores medios y bajos, se construye para las clases altas. “Y cuando el gobierno se desprende de tierras fiscales, que son un bien escaso y finito, lo hace a sabiendas de que lo que se va a construir va a ser para el 1% más rico y para alguien que muy probablemente no habite esa vivienda sino que la usará como reserva de valor”, advierte Poore.

“Lo que está pasando no tiene parangón con otras ciudades, ¿quién necesita las viviendas lujosas que se habilitaron? ¿Para quién están construyendo? Es la ciudad más rica, con más gente en la calle, ¿entonces?”, se pregunta Massuh.

Los convenios, una figura discutida

Massuh imagina, como en su novela Degüello, un futuro distópico con hospitales públicos convertidos en “refugio para la gente en situación de calle”, barrios militarizados y calles privatizadas. “Si no hay planificación, no hay futuro urbano y es la ley de la selva”, dice. Y señala como inicio de este proceso a los convenios urbanísticos: “Se legaliza la coima, se puede infringir la ley pagando un canon, ¡en un plazo de dos años!”.

Bárbara Rossen, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, asegura que el gobierno “promueve y fomenta” el incumplimiento del marco jurídico votado en 2018, cuando la Legislatura aprobó el Código Urbanístico. “Se encuentra vigente un código  que establece la capacidad constructiva y los usos de cada distrito, pero la Ciudad está promoviendo que los desarrolladores propongan negocios inmobiliarios con mayor capacidad constructiva que la permitida a cambio de dinero”, explica. “Esa disfunción morfológica la padecen los vecinos linderos”, agrega.