El 20% de la población activa, 413.000 personas, participan de la “economía popular”, están desocupados o son cuentapropistas

Hay 413 mil porteños que de alguna u otra forma participan de la economía popular. La cifra fue divulgada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, al difundir los resultados de la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular a un año de su sanción. El número representa a más del 20 por ciento de la población económicamente activa de la Ciudad.

La ley fue aprobada en la Legislatura local el 4 de diciembre de 2020, en plena pandemia.  Y se trazó como objetivo “potenciar el valor productivo de los barrios populares y de toda la economía social y popular”.

La iniciativa estableció también la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social para que pudieran participar de los procesos de compras por parte del Estado. Otro de los ejes era el  acceso al financiamiento mediante un programa del Banco Ciudad.

Dentro de esas 413.000 personas, el informe incluye a trabajadores desocupados, a quienes se desempeñan en el servicio doméstico y cuentapropistas, entre otras actividades. Es decir: no todo ese universo forma parte de alguna cooperativa.  

Hasta ahora, el resultado que presentó la cartera conducida por María Migliore es que se inscribieron en el Registro 1.500 unidades productivas, en las que trabajan alrededor de 5.200 personas. Sobre un universo potencial de casi medio millón, todavía queda un trecho por recorrer. “El objetivo es alcanzar 3.500 a finales de 2022”, resalta el informe presentado esta tarde en la Villa 31.  

Desde la sanción de la Ley de Promoción de la Economía Popular se inscribieron 1.500 unidades productivas, que emplean a 5200 personas sobre un universo de casi medio millón.

Otra de las cifras difundidas fue que, durante 2021, Desarrollo Humano y Hábitat realizó 22 compras por un total de 262.566.576 de pesos. Dentro de es monto, $33.441.863 se destinaron para unidades productivas de la economía popular. Es decir, un 12,74% del total de las adquisiciones de la cartera.

“Nosotros estamos convencidos de que la mejor política social es el trabajo y sabemos que las unidades productivas de esta economía enfrentan barreras estructurales vinculadas a la organización del trabajo y la producción, la falta de vías de financiamiento y la escasez de canales de comercialización”, afirmó Migliore durante la presentación del informe.

“Este sector necesitaba que creáramos marcos nuevos para reconocerlo y potenciarlo-agregó la ministra-. Por eso presentamos y aprobamos por unanimidad una ley que nos dio un marco fundamental para gestionar y acompañar a todos los que quisieran incorporarse a un proceso virtuoso de crecimiento, con oportunidades de capacitación, desarrollo y financiamiento”.

Sin embargo, algunos sectores afirman que el gobierno discrimina a las organizaciones barriales que no responden al oficialismo. Gumersinda Giménez es miembro de la organización Túpac Amaru, que en la Villa 31 organiza 18 comedores populares. “Nosotros no tenemos acceso a nada de eso”, le dijo a Diario Z. “Les facilitan los trámites a las organizaciones que están con el Gobierno de la Ciudad, que responden al PRO”.

La referente social señaló “jamás” los habían “convocado”. “A las organizaciones que estamos en contra del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta nos dejan afuera”, afirmó.