La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe en el que sostiene que «los agentes con necesidades especiales ascienden al 0,86 por ciento del total» del universo del Poder Ejecutivo porteño, lejos del cupo del 5% estipulado por la ley 1.502 promulgada en 2004. El documento, remitido a la Legislatura porteña,